Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución expresa desestimatoria de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso, contra la sentencia que declaró el despido nulo, rectificando la cuantía de la indemnización, manteniendo en este caso que el incumplimiento del trabajador ha consistido en negarse a realizar las horas complementarias por cuanto no le son abonadas, situación que se ha mantenido durante un periodo de varios meses. Pues bien, consideramos que la reiterada y persistente falta de pago de las horas trabajadas en exceso de la jornada parcial pactada, aunque se refiera a aquellas horas que con carácter complementario puede el empleador requerir al trabajador por estar igualmente pactadas, constituye por parte de dicha empresa una exigencia al trabajador manifiestamente ilegal y abusiva, sin que se pueda apreciar incumplimiento grave y culpable. Respecto a la indemnización, La sentencia recurrida acude a la sanción establecida en el artículo 40 de dicha ley para las infracciones muy graves en el máximo de su grado mínimo, de multa de 25.000 €. Ningún hecho o criterio se aporta razonando la aplicación de dicho máximo importe, si bien tampoco acredita el recurrente la procedencia de la minoración de la sanción en base a las circunstancias expresadas en el artículo 39.2 de dicha ley la ausencia de criterios específicos que acrediten la cuantía del daño causado, conducen a fijar la indemnización en el mínimo del grado mínimo previsto en la LISOS para una infracción muy grave, establecido en 6251 €, pues son exiguo los 500 € que pide la recurrente.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución del Consejo de Ministros desestimatoria por silencio administrativo de la solicitud de reclamación sobre responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios sufridos, en concepto de lucro cesante, como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma efectuada en virtud del Real Decreto 463/2020. El TS analiza los antecedentes relevantes con ocasión de la crisis sanitaria producida por el virus SARS-COV-2, la respuesta normativa por parte de los poderes públicos para evitar o mitigar la propagación de la pandemia, en particular los Reales Decretos relativos al estado de alarma, las SSTC 148/2021 y 183/2021, para concluir que los artículos. 32.1 y 34.1 de la ley 40/2015 excluyen la posibilidad de indemnización cuando el particular tenga el deber jurídico de soportar el daño de acuerdo con la ley y que de conformidad con el artículo 3.2 de la LO 4/1981 no existe un nuevo y singular sistema de responsabilidad patrimonial de naturaleza objetiva. La fuerza mayor puede operar como supuesto de exención de responsabilidad patrimonial en relación con determinados daños directamente imputables a la pandemia COVID-19, pero no cuando se deducen de la actuación de los poderes públicos, porque en el caso analizado la actividad administrativa desarrollada fue razonable y proporcionada a la situación existente por lo que no generó responsabilidad.
